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Editorial


Un problema para todos.

os accidentes protagonizados por perros agresivos siguen ocupando espacios en la crónica de sucesos de los medios de comunicación social. Son acontecimientos que tienen buena acogida porque en ellos casi siempre están afectados niños de corta edad. Las familias muestran su preocupación porque los destinatarios de la agresión suelen ser los más pequeños de la casa.

Por otro lado, los veterinarios reconocen que los problemas de agresividad de los perros ganan espacio en sus consultas.

Con estos ingredientes, el tema de las razas potencialmente peligrosas sigue generando un gran debate social hasta el extremo de que algunas asociaciones califican estos sucesos, como emergencias de Salud Pública.

Las administraciones públicas, muy sensibles a las noticias de peligrosidad social, han comenzado a trasladar a las páginas de sus boletines oficiales esta inquietud y debate sobre los ataques de perros.

A pesar de que existe una normativa aplicable en todo el ámbito estatal, las comunidades autónomas, que tienen funciones transferidas en este campo, han querido ampliar su área competencial y han elaborado, o tienen en fase de preparación, normas que tienen como objetivo dificultar la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

Algunas de estos gobiernos autónomos imponen a ciertas razas duras condiciones para aceptarles en el registro de identificación de animales. Incluso añaden en su normativa otras exigencias más radicales, como la de la esterilización de estos animales, prohibición de que entren en espacios públicos donde haya menores, primas de seguro complementarias para cubrir los siniestros que produzcan, prohibición de adiestrarlos para la defensa o guardia de una propiedad, etc.

Todo ello ha creado una inquietud social y ha reabierto el debate sobre la raíz de la agresividad de los perros, en cuyos extremos se colocan aquellos que creen que hay razas genéticamente violentas frente a los que creen que el comportamiento y la personalidad agresiva de un perro depende de la educación que haya recibido.

Los expertos comparten ambos argumentos. Los veterinarios creen que hay razas que, durante siglos, han sido educadas para cometidos no compatibles con la vida en familia, lo que ha producido una “selección artificial” que ha quedado impresa en su código genético del animal, pero que el comportamiento violento se debe en mayor grado a la educación que ha recibido el perro.

No todo el mundo es un ser apto para ser un buen amo de estos perros. La actual legislación española impone ciertos requisitos para ser propietario de estos animales, como ser mayor de edad, no tener antecedentes penales y contar con un certificado de actitud psicológica y física para manejar y controlar a un perro de estas características. Asimismo, es muy importante que el can esté inscrito en el Registro de Identificación Animal y lleve microchip.

Sin embargo, con estas exigencias no se cubren todos los riesgos. Los expertos en comportamiento animal reconocen que la educación de un perro también corresponde a la propia familia, cuya jerarquía  interna puede empujar al cachorro hacia la violencia También es responsabilidad  los propios criadores y educadores de perros que son los primeros que modelan la conducta del animal. Finalmente, el propietario está comprometido desde el mismo día en que un cachorro entra en su casa, en mantener sobre él una vigilancia veterinaria que permita un conocimiento y diagnóstico precoz de la agresividad de un ejemplar.

Las páginas siguientes están dedicadas a este tema, tratando de buscar quienes son los agentes implicados en estos comportamientos y las responsabilidades de cada cual.

Ángel de Uña y Villamediana
Periodista 

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