Aragón recibirá 33,3 millones para la rehabilitación de viviendas dentro del plan de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio y Vivienda del Gobierno de Aragón, así lo manifestó en la presentación de las ayudas a alcaldes de la Comunidad de Aragón. Un plan en el que se impulsará la rehabilitación de cerca de 4600 viviendas hasta el año 2023.
En la reunión el Consejero puso de manifiesto las iniciativas de políticas de vivienda para los próximos cinco o seis años. Entre las medidas planteadas, Soro incluyó aumentar el parque público de vivienda de alquiler. Desde el Ejecutivo se quiere «tratar de alcanzar cambios estructurales, profundos, que permitan continuar y que esas políticas lleguen para quedarse”. El Consejero considera asimismo que la llegada de los fondos europeos “es una oportunidad inmejorable para conseguir el objetivo» y que se llevará a cabo «de la mano de los ayuntamientos».
El ahorro de energía también está presente en la rehabilitación. Se pretende reducir al menos un 30 por ciento el consumo de energía primaria no renovable y la reurbanización de espacios públicos.
Los ayuntamientos que decidan ampliar el parque público de vivienda recibirán subvenciones de hasta 700 euros por metro cuadrado, con un máximo de 50.000 euros por vivienda, con una previsión de que se asignen 14 millones de euros el año próximo de los fondos europeos MRR para esta política.
Novedades del programa de construcción de viviendas públicas
En el caso del programa de construcción de viviendas públicas para alquiler social, asequible o cesión de uso sobre terrenos de titularidad pública, se considerará válida la construcción de nuevas viviendas o la rehabilitación de edificios que ahora no están destinados a vivienda.
Se destinarán a este uso como mínimo 50 años y deberán contar con sistemas de eficiencia energética para garantizar que el consumo de energía sea casi nulo. Se podrá percibir la subvención con pagos a cuenta o anticipados y las obras deberán estar finalizadas antes de junio de 2026. La construcción podrá ser a través de la iniciativa pública o con fórmulas de colaboración público-privadas.
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