Economia de Bolsillo

La adquisición de una vivienda sigue requiriendo un gran esfuerzo financiero para los españoles, a pesar de que los datos oficiales del Banco de España aseguren que se ha vuelto a la situación previa a la burbuja inmobiliaria. De hecho, en la práctica comprar una casa requiere casi el doble de esfuerzo que a principios de esta década. A esta conclusión llega José García Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Pero, ¿cómo se explica esta divergencia?
Es cierto que el indicador del esfuerzo financiero que calcula el Banco de España ha descendido en los últimos meses e incluso se han alcanzado niveles cercanos al boom inmobiliario. Así los últimos datos publicados, que hacen referencia al primer trimestre de este año, indicaban que las familias españolas sólo tenían que destinar el 27% de sus ingresos, tomando en consideración la deducción, al pago de la hipoteca. Nada más y nada menos, que 8 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2009 (35%). Sin embargo, García Montalvo defiende que esa ratio no es adecuada para tomar una decisión en estos momentos, ni para los particulares a la hora de plantearse una compra ni para los bancos en el momento de dar un crédito. Para este economista, la principal pega de este indicador es que se utiliza una visión muy coyuntural, dado que se mide como la proporción de renta familiar necesaria para pagar una hipoteca media al tipo de interés corriente, para tomar una decisión a largo plazo en la que la situación de los tipos puede variar profundamente. A juicio de García Montalvo, "en una situación de vuelta a los estándares prudentes de concesión de créditos, el indicador de la capacidad de pago de las familias no puede ser el esfuerzo teórico al tipo de interés corriente sino un indicador de largo plazo como el precio de la vivienda dividido por la renta familiar". Con este indicador, una familia española necesita casi siete años de su renta frente a los cuatro que requería antes del 'boom'.

La investigación de 3.000 cuentas de titulares españoles en Suiza puede dar un balón de oxígeno a las autonomías, que no han tardado en reaccionar a los últimos movimientos de la Agencia Tributaria. Los gobiernos regionales han visto la oportunidad de sacar beneficio a la amnistía encubierta que prepara Hacienda. La Generalitat de Cataluña y la de Valencia han sido las encargadas de abrir la caja de pandora. Las dos autonomías han puesto ya a sus servicios de la administración tributaria a trabajar intensamente con un objetivo: recuperar los importes adeudados por las grandes fortunas en sus respectivas comunidades investigadas por el caso de las cuentas ocultas del HSBC en Suiza. De esta forma, se unen a las investigaciones de la Agencia Tributaria. En el caso catalán, además, el procedimiento escogido es el de la inspección, por lo que las fortunas investigadas podrían ser imputadas por delito fiscal.
Las autoridades catalanas y valencianas, como las de todas las regiones, tienen el deber de investigar, ya que si no estarían incurriendo en un delito al pasar por alto esta cuestión tributaria. En su caso, tratan de regularizar las cuotas del Impuesto de Patrimonio no cobrado en los últimos cinco ejercicios fiscales.
El resto de regiones también tiene en sus manos los datos de sus contribuyentes con dinero negro en Suiza, por lo que cabe esperar ataques en todas las regiones contra los capitales en el país helvético.